A pesar de las dudas que ha generado entre la comunidad internacional la reforma a la justicia penal militar que se encuentra en trámite en el Congreso, el Gobierno persiste en defender la propuesta.
Desde el poder Ejecutivo se ha hecho enfásis en que “jamas”se ha considerado la opción de influir en los actuales procesos judiciales que se adelantan frente a la justicia ordinaria por las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por autoridades provenientes del Estado.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, declaró que el proyecto se halla blindado “para garantizar que todas las investigaciones de los falsos positivos continúen en la justicia ordinaria y ninguna pase a la justicia penal militar”.
“Estamos garantizando que la Fiscalía General de la Nación avance en sus investigaciones en estos polémicos casos”, reafirmó.
Según la postura de Cristo, este proyecto únicamente se está adelantando con el interés de brindarles seguridad jurídica a los uniformados en medio de las operaciones que realizan en contra de las organizaciones violentas.
La reforma al fuero militar culminó su tramitación en el cuarto lugar de ocho debates la semana anterior en el Senado y la Cámara de Representantes.
La iniciativa reiniciará su procedimiento de aprobación en marzo, donde se espera que se determinen las nuevas condiciones para que sean juzgados los militares y policías.
Las preocupaciones de HRW
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó que las ejecuciones extrajudiciales, reconocidas como ‘falsos positivos’, tienen la posibilidad de quedar en completa impunidad.
De acuerdo al criterio de Vivanco, la aceptación del proyecto en el Congreso puede representar un retraso histórico en el derecho penal colombiano y un evidente riesgo para la justicia nacional.
“La reforma constitucional persigue restarle el control de falsos positivos a la Fiscalía para llevárselos a la justicia penal militar, lo cual garantiza la impunidad total”, enfatizó.
Desde HRW así mismo se alertó que la Fiscalía en Colombia se encuentra investigando a 70 coroneles y tenientes coroneles, también a 15 generales, por más de 4.300 casos de falsos positivos.
