Se considerará una cuestión política aquellos elementos que dañen relaciones entre los poderes de un Estado, que van desde expresiones hechas para denigrar la autoridad de otro hasta encuentros físicos entre funcionarios.
Sin embargo, en caso tal de que se trate de controversias constitucionales, cuestiones políticas que surjan entre autoridades locales del Distrito Federal o poderes de un estado, el Senado no podrá intervenir.
