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Reposición por suspensión de actividades

Superintendencia de Valores

……….. , mayor de edad y vecino de…….. , identificado con cédula de ciudadanía………., expedida en……… con T.P. No……. , del Consejo Superior de la Judicatura……… , apoderado especial de…….. , según poder anexo, por el presente interpongo recurso gubernativo de reposición contra la Resolución No….. de……. , notificada a mi poderdante el día….. , a fin de que se revoque la decisión de suspender actividades comerciales y que se restablezca a la sociedad que represento en sus derechos, sometiéndola las exigencias de vigilancia y control en la forma que dispone la ley, con las consecuencias pertinentes.

Oportunidad del recurso

El acto administrativo recurrido corresponde a una situación jurídica particular y concreta, es de carácter definitivo y no de simple trámite, preparatorio o de ejecución, que le da fin al procedimiento administrativo que lo precedió. Además, el escrito de reposición satisface las exigencias de la reposición. Por otra parte, me hallo dentro del término fijado por el artículo 51 del C.C.A., de acuerdo con la fecha de notificación personal de la resolución recurrida.

Y porque hasta la fecha, no he intentado revocación directa, por cuanto esta es la primera manifestación de inconformidad contra el acto recurrido. El escrito del recurso lo presento personalmente en el despacho del señor Superintendente que lo expidió, según doctrina del h. Consejo de Estado.

Sustentación del recurso:

1. La resolución objeto de este recurso, proferida por el señor Superintendente de Valores, dispuso la suspensión de actividades financieras a la sociedad que represento;
2. Contrariando las exigencias constitucionales del debido proceso, mi poderdante no tuvo conocimiento de los elementos probatorios sobre los cuales la Superintendencia fundó su decisión y en virtud de los cuales dispuso, además, liquidar y tomar posesión de los bienes de mi poderdante;
3. No es cierto, o a lo menos, no se ha establecido mediante prueba controvertida por mi asistida, que en las transacciones realizadas por la cantidad de…… , con la entidad estatal……. , se hubiera presentado irregularidades que afecten la validez de las transacciones;
4. Que es inexacto afirmar que en las transacciones mencionadas la sociedad financiera, por supuestas actividades indebidas de mi representada, hubiera tenido pérdidas por un valor de, que, en realidad, corresponde al costo que esta entidad tuvo que asumir por la captación en que participó mi poderdante como intermediaria;
5. Por otra parte, y como lo determina el artículo 36 del C.C.A., el acto recurrido es discrecional, pero la decisión que por él se toma no es adecuada a los fines de la norma que invoca ni proporcional a los hechos que le sirven de causa, pues uno fue el contenido del requerimiento que absolvió mi poderdante y otro muy distinto el fundamento legal y fáctico del acto definitivo con que remata el procedimiento administrativo; esta falta de conformidad entre antecedentes y decisión constituye, en forma inequívoca, falsa motivación, causal de anulación según la cual el antecedente invoca, por la administración pública es insuficiente para justificar lo decidido. De aquí se sigue que la resolución tenga que ser revocada;
6. Para que la Superintendencia de Valores pudiera tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la sociedad que represento y proceder a su liquidación definitiva, debían configurarse condiciones de hecho y de derecho, que no se materializan en el caso de autos; de donde resulta que la decisión que se toma viola la norma a la cual debía estar subordinada, por extralimitación de funciones;.
7. En relación con los aspectos fácticos de la cuestión, debe observarse que la Superintendencia de Valores se excedió así mismo al darles unos efectos que no les son propios. En este sentido la entidad estatal:
a) Les dio un sentido equivocado a las operaciones celebradas por orden y cuenta de la corporación.
b) Por otra parte, mi representada no produjo daño alguno, pues lo que la Superintendencia ha entendido como perjuicios corresponden realmente a los gastos normales causados por la transacción;
c) Mientras no se pruebe, con su audiencia, que hubo responsabilidad de parte de mi asistida, ella se encontrará libre de todo cargo, por cuanto hasta ahora sólo he ha acreditado que ella cumplió de manera estricta sus obligaciones.
1. Finalmente, debo dejar constancia de que la Superintendencia, sin concluir la visita administrativa, sin formulación de pliego de cargos, y sólo con fundamento en cierto expediente secreto, impidió a mi poderdante controvertir las pruebas que, según la Superintendencia, la comprometían. Ello ha traído consigo la perdida, o por lo menos, el detrimento del buen nombre de mi asistida, pues fue sancionada con la medida inconstitucional de “confiscación” de sus bienes y la obstrucción del legítimo ejercicio de su actividad comercial. De paso, el acto administrativo que recurro hace caso omiso del perentorio mandato constitucional, que incorpora el artículo 29 y que, en el pertinente, es del siguiente tenor:
“Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

De lo anterior se infiere, por la razón expuesta, que es nula el acta parcial o definitiva, si es que existe, de la visita practica a las instalaciones de mi poderdante, por no haber sido suscrita por ella ni corrida en traslado para su conocimiento, como interesada y presuntamente afectada por su contenido. De aquí se sigue que es apresurada y temeraria la decisión de tomar posesión de los negocios comerciales de mi poderdante y mucho más la de liquidarla con apoyo en fundamentos falsamente motivados, o indebidamente probados, o causados en la improbable renuencia u obcecación de mi poderdante en conducta deliberada de contradecir gravemente las exigencias legales a que ni poderdante debía someterse, so pena de sufrir las consecuencias sancionatorias que señala el orden jurídico.

Pruebas

Para desvirtuar los cargos imputados a mi poderdante, y que según la Superintendencia, justifican las decisiones contenidas en el acto administrativo recurrido, solicito del señor Superintendente la práctica de las siguientes pruebas:

a) Documentaría

Respetuosamente, que se tenga como prueba de la legalidad de la actuación de mi poderdante, los siguientes documentos:

1. (……….. , los documentos suscritos por las partes, las certificaciones o los recibos expedidos a medida que se cumplieron las distintas diligencias de las negociaciones);

2……

a) Testimonial

Se oiga a las siguientes personas…….. y……. que intervinieron en las distintas actuaciones; con ello quiero demostrar que la conducta de mi poderdante estuvo, en todo momento, ajustada a derecho.

c) Inspección judicial y exhibición documental

Con el objeto de verificar a actuación de mi poderdante, solicito al señor Superintendente se sirva ordenar la práctica de una diligencia de inspección judicial, con exhibición de documentos, en las siguientes dependencias administrativas y financieras:

Superintendencia de valores, oficina de….. (denominación de la oficina en que se hallan documentos relativos a parte de la negociación);

Corporación……. , una de las partes de la negociación, con fin de probar que su intervención se realizó dentro de los supuestos de la ley, etc.

Entidad estatal que ha declarado, en forma breve y sumaria, que la actuación de mi poderdante le irrogó perjuicios económicos, para demostrar que ello no fue cierto, pues los pagos que debió hacer constituyen el costo corriente de la intermediación financiera para el perfeccionamiento de las transacciones.

Por lo tanto, y con base en las sucintas consideraciones que he expuesto, en ejercicio de la atribución del artículo 50, núm. 1, solicito al señor Superintendente de Valores se sirva revocar en todas sus partes la resolución objeto del presente recurso de reposición.
El recurrente es conocido de autos y la Superintendente posee la información de su domicilio, para fines de notificación.

El suscrito, en su condición de apoderado de la sociedad……. , para los fines de recurso, atenderá notificaciones en la secretaria general de la Superintendencia de Valores, y en su oficina de abogado, situada en…….. de la ciudad de………

Señor Superintendente,

…………….
(apoderado)

T.P. No…………del C.S. de la J.

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